Con este título se presentó el último encuentro del ciclo ¿De qué seguridad estamos hablando? La actividad se desarrolló el 30 de octubre, en el auditorio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba y contó con la presencia de los especialistas Marcelo Sain y Enrique Font, acompañados por el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Diego Tatián y el abogado constitucionalista Horacio Etchichury.
Organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, el ciclo ¿De qué seguridad estamos hablando? se llevó a cabo este año mediante tres encuentros que tuvieron como meta dar continuidad a las discusiones y experiencias en torno a la “seguridad” impulsadas por diversos organismos de derechos humanos, instituciones y organizaciones sociales locales.
Durante el cierre del ciclo, la experiencia y el análisis crítico de especialistas como Marcelo Sain y Enrique Font fueron claves para comprender la complejidad de un tema que atañe de manera directa al desarrollo político y la vida democrática de todo el país.
Al comienzo del encuentro, las autoridades de ACIC celebraron la iniciativa del ciclo y señalaron que la gestión de la seguridad en Córdoba está severamente cuestionada “por el rol de la institución policial, los instrumentos jurídicos que utilizan para aplicar la fuerza y los índices delictivos que no logran reducirse”. Se remarcó además que en la provincia “se producen innumerables hechos de violencia institucional, violaciones de los derechos humanos y que el poder político se ve pequeño al lado del poder policial”. Como agravante, se remarcó que “los saqueos del 3 y 4 de diciembre, el Código de Faltas y el narco-escándalo dejan y siguen dejando huellas en la memoria colectiva de los cordobeses”.
En esa línea, se manifestó que “desde Acic no se promoverá nunca la mano dura como forma de intervención del Estado, no se avalará la policialización de la seguridad como tampoco se caerá en los discursos conservadores e interesados que igualan pobreza con delito o marginalidad con violencia”.
Luego fue el turno del decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Diego Tatián, quien agradeció el trabajo de todas las personas e instituciones involucradas en concretar cada uno de los encuentros que formaron parte del ciclo –“Desafíos para pensar la seguridad en Córdoba” y “Experiencias en territorios”-. Tatián expresó que si bien la seguridad resulta un tema que toca dimensiones del orden jurídico, social, político y hasta filosófico, se trata a su vez de pensar cómo afrontar la precariedad de la vida humana, sobre todo en sociedades donde viven millones de personas. “La vida humana siempre ha sido precaria” – dijo–, y “los seres humanos hemos tratado de sostener la vida en común con una cierta calidad y también con una seguridad, apropiándonos de esta palabra en toda su complejidad. Se trata de una deuda social que como ciudadanía debemos afrontar todos y esta mesa es una gran contribución en este sentido”.
Sobrecriminalización y desprotección: dos caras de un mismo fenómeno
El abogado Horacio Etchichury agradeció a la organización del ciclo y luego de una breve presentación de los disertantes, cedió la palabra al abogado y Master en Ciencias Criminológicas, Enrique Font quien de manera directa comenzó a analizar el tema con la descripción de categorías que permiten comprender la metodología del sistema vigente.
Font comentó que, junto a colegas de la Cátedra de Criminología de Rosario, se está trabajando conceptualmente en definir ¿Qué es una política de seguridad democrática? Y ¿cuándo una acción, un programa, una intervención, incluso puntual, se puede definir como una acción que va en una línea hacia la seguridad democrática?
“Luego de muchos años de trabajo – dijo–, de avances y retrocesos en la política, en la academia y en el trabajo dentro de territorio, lo que existe realmente es un efecto de las políticas de seguridad, de las intervenciones policiales, sobre los sectores populares, que resultan como dos caras de un mismo fenómeno. Estas dos caras son: la sobrecriminalización y la desprotección”.
La sobrecriminalización – explicó–, se refiere a cuando todo el esfuerzo del Estado, materializado por la institución policial, está dirigido a tratar a los grupos de sectores populares como si fueran sospechosos. “La policía focaliza sus intervenciones sobre un sector social determinado, construida a partir de un estereotipo, de un perfil”. Un claro ejemplo de estos efectos en Córdoba es la aplicación del Código de Faltas, señaló. En el mismo momento que se ejerce esa sobrecriminalización hacia los sectores populares estereotipados, automáticamente también se los hostiga, se los persigue y por ende, se los desprotege. A modo de ejemplo Font propuso a la audiencia un ejercicio diferente: “Si el estereotipo, en vez de ser el pibe, el varón joven de un sector popular, con su gorrita, su ropa y su moto, fuera el hombre adulto, de clase media alta de traje y corbata que circula por la city, mueve dinero de manera ilegal sin declararlo en la Afip; y las intervenciones policiales se concentraran en el microcentro, en las entradas y salidas de las cuevas financieras y estas personas fueran sistemáticamente paradas y detenidas, seguramente que unos cuantos se encontrarían con dinero que no pueden justificar. Un porcentaje, quizás igual o similar, al pequeño porcentaje de pibes objetos de estas prácticas policiales, que son encontrados con pedidos de captura, con un arma encima. Esto es característico en las políticas de seguridad en contextos muy diversos”.
Después de dar distintos ejemplos, donde detalló en forma minuciosa los resortes, las posibilidades y los mecanismos de explotación que se reproducen dentro de los diferentes estratos de las economías delictivas – el negocio de la droga, la prostitución, la trata de personas, etc. –, Font dejó claro que “es la política de seguridad la que, de alguna manera, gerencia a dónde van esas oportunidades delictivas y a dónde no”. Y en este mecanismo, por acción u omisión, también se ejerce la sobrecriminalización. “En las grandes ciudades y dentro de los territorios populares, la sobrecriminalización se lleva delante de tres maneras simultáneas: en clave 1, con presión policial permanente; en clave 2, consolidando identidades de transgresión; y en clave 3, habilitando el ingreso de personas a negocios ilegales e introduciendo la circulación de armas”. Porque se sabe – dijo–, que es un sector de la Policía la que administra y lleva las armas dentro de esos territorios. La contracara directa de esas acciones, que afecta particularmente a los sectores populares, es la desprotección. “Las víctimas no valen igual en las políticas de seguridad, aseguró. “Un asesinado en las áreas incluidas de una ciudad produce una respuesta institucional, judicial, policial, política y mediática, totalmente disímil a si el caído es un pibe de los sectores populares. Y ni hablar si el asesinado es un joven sobrecriminalizado”, subrayó.
En estos últimos casos, Font comentó que, por lo general, después de llevar el cuerpo a la morgue se olvidan de la investigación.
Frente a este panorama, complejo incluso por la falta de un acuerdo político a nivel nacional para realizar una verdadera reforma del sistema vigente, el especialista expresó que frente al cúmulo de experiencias y a todos los fracasos para revertir esta situación, una de las formas de construir una política de seguridad democrática es trabajar con mecanismos concretos que logren disminuir el ejercicio de a sobrecriminalización y por ende también de la desprotección que sufren los sectores más vulnerables.
“El mercado del delito y un Estado ilegal que los regula”
Finalmente tomó la palabra el licenciado en Ciencias Políticas y Diputado nacional por el partido Nuevo Encuentro, Marceo Sain, quien aseguró que en comparación con al año 2009, existe un fuerte retroceso ante la posibilidad de establecer un acuerdo a nivel nacional que permita establecer una serie de puntos para llevar adelante una reforma política en lo que se refiere a la construcción de una seguridad democrática.
En su extensa exposición, Saín expresó que hoy existe “un mercado del delito y un Estado ilegal que lo regula”. Al calor de las nuevas transformaciones, el diputado explicó que también se ha generado “una nueva experiencia social del crimen”. Dijo que esta problemática está directamente relacionada con una serie de articulaciones sociales y culturales, vinculadas a la estructuración de mercados ilegales y a organizaciones criminales sofisticadas que funcionan y están íntimamente relacionadas a un Estado ilegal muy activo. “Un Estado ilegal que lo regula, que permite su expansión y consolidación territorial, su viabilización política, su invisibilización social”. Es decir, que existe una suerte de clandestinidad eficaz que permite el desarrollo ilegal de un importante mercado económico, relacionado con toda clase de acción delictiva: el negocio del narcotráfico, la prostitución, la trata de personas, la circulación de armas, los robos, los crímenes, etc.
Mediante su análisis, –similar en los aspectos sociales a los señalados por Font–, Saín dejó claro la necesaria responsabilidad política que existe en esta materia. Aquí subrayó que hacer una reforma dentro de la Policía significa hacer una reforma en la política. En este punto, recordó las acciones concretas que llevó adelante Néstor Kirchner al intentar modificar el modelo de seguridad vigente. Es necesario tener “una mirada larga” –enfatizó– , que nos permita recordar que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner donde se “descriminalizó la protesta y la demanda social, se despolicializó la respuesta del Estado ante los reclamos sociales, donde no se convalidaron nunca políticas retrógradas y al menos se intentó realizar una apropiación de la conducción política de la Policía”.
En el final, expresó que para lograr una modificación profunda dentro el sistema de seguridad vigente era necesario además tener una Policía eficaz que responda a la institucionalidad política democrática. En este sentido, advirtió que se debe tener en cuenta “las condiciones de explotación laboral de los trabajadores policías”. “Si tampoco se elabora una política positiva de tratamiento de explotación laboral dentro de la Policía y de la conversión de los policías en trabajadores – aunque los propios policías se resistan a esto –, difícilmente se logrará tener abordajes serios en materia de una política de seguridad democrática pública”.
Compartimos aquí la entrevista realizada el 30/10/14 en el programa de Radio Nacional Córdoba “Bajo el mismo Sol”, anticipando los temas que fueron desarrollados luego durante la charla “Agenda para una seguridad democrática”, en el auditorio de ACIC.
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Texto y fotos: Irina Morán
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