Editorial
Confiar
en la política
La postergación de la Asamblea Universitaria que iba a realizarse el 17 de diciembre último y que iba a tratar el régimen de estabilidad docente es otro indicador de una cultura que abjura de la política como la instancia deliberativa más propia y legítima para que la Universidad se piense y se transforme a sí misma.
El
pasado 6 de diciembre el Honorable Consejo Superior de la U.N.C. resolvió
solicitarle al Rector la prórroga del llamado a Asamblea Universitaria
originalmente convocada para el día 17 del mismo mes y con el objeto de tratar
la modificación de los artículos 69 y 70 de los estatutos de la U.N.C. Dichos
artículos se refieren al régimen de estabilidad de los Profesores Regulares y
el cese de funciones para los mismos a los 65 años, respectivamente. Su
modificación se pretendía como requisito de la implementación de un régimen
de carrera docente que diera una mayor estabilidad en los cargos.
Oportunamente,
el Consejo Superior, y dada la acumulación de asuntos que para su tratamiento
requerían una modificación de los estatutos y consiguientemente la
convocatoria a Asamblea Universitaria, decidió conformar una comisión que
estudiara algunos de éstos y que elaborara una propuesta respecto de qué temas
tratar y de qué manera para la convocatoria de la Asamblea. Esta comisión
finalmente se expidió en septiembre de este año recomendando dividir los
temas, de forma que el mecanismo de elección de autoridades (Rector,
Vicerrector, Decanos y Vicedecanos, Consiliarios y Consejeros) y la sincronización
de sus mandatos quedara para una segunda asamblea a realizarse el año próximo,
y el tema de la modificación de los artículos 69 y 70 se tratara en una
Asamblea, en principio, convocada
para el 17 de diciembre.
La
misma comisión sugería en relación con el primero de estos puntos la
realización de una jornada electoral en la que participarían sólo los
miembros de los Consejos Directivos para la elección de Rector (es decir, con
voto secreto pero sólo de los consejeros). Con relación al segundo punto,
sugería que luego del vencimiento de la primera designación por concurso en un
cargo de profesor regular, se designara un tribunal para evaluar los méritos y
el desempeño del docente en cuestión a los fines de decir si correspondía la
renovación de su designación en esa condición. Esta nueva modalidad quedaría
supeditada para su instrumentación
a los regímenes de control de gestión académica que los Consejos Directivos de cada Facultad reglamentaran. Este último
punto sería requisito ineludible para que el régimen propuesto comenzara a
tener vigencia en cada unidad académica.
Los análisis que se fueron sucediendo a raíz de esta propuesta pusieron de manifiesto diferentes posiciones, algunas de las cuales, y por distintas razones, la criticaban fuertemente. Si bien, por una parte, hubo posicionamientos que respondían claramente a motivaciones sectoriales, la ocasión fue propicia para que salieran a la luz debates postergados que hacen a la concepción de la Universidad: estructura de cátedra, excelencia académica, condiciones presupuestarias, conformación del claustro docente, formación de recursos humanos, entre otros. Al mismo tiempo, el horizonte de una Asamblea Universitaria también reavivó proyectos postergados que requerían la modificación de los Estatutos, tales como el proyecto de creación de la Facultad de Artes.
La postergación de la Asamblea Universitaria, que muchos interpretan como su
directa anulación, es otro indicador de una cultura que abjura de la política
como la instancia deliberativa más propia y legítima para que la Universidad
se piense y se transforme a sí misma. Si bien política y gestión son dos
conceptos y dos prácticas que se conciernen mutuamente, no son sin embargo términos
sinónimos. Gestión es la condición necesaria para que una rutina
institucional alcance sus propósitos de la mejor manera (la publicidad, la
eficiencia, la equidad, la decencia, son algunas de sus virtudes). La política
es más rara; no tiene la forma de una rutina sino que irrumpe en ella para
reconfigurarla y producir escenarios nuevos que no surgen de suyo a partir del
estado de cosas dado, sino que requieren más bien una decisión acompañada por
el pensamiento colectivo que llamamos deliberación. Por esencia refractaria a
la unanimidad, la política es el ámbito de elaboración pacífica de la irreductible pluralidad humana, de las ideas y de los intereses. La violencia no
es connatural a su ejercicio sino a su supresión: mientras más política menos
violencia, y al revés.
Tratar
políticamente asuntos que debieran seguir un curso administrativo normal puede
resultar tan perjudicial como la aspiración de reducir a mecanismos de gestión
lo que por naturaleza reclama una instancia política. Dejar sin efecto la
Convocatoria a Asamblea, si bien
con el argumento de que no se ha avanzado en un proyecto de control de gestión,
puede estar ocultando el temor de que no se llega a ella con una decisión ya
previamente tomada respecto de los temas a tratar. Es decir, sería un ejemplo
de cómo se evaden instancias que requieren una resolución claramente política.
La
Asamblea Universitaria es nuestra instancia política más alta, y por ello
mismo extraordinaria, excepcional. En sus dos períodos sucesivos de gestión,
las actuales autoridades universitarias nunca convocaron a Asamblea, excepto
para la elección de Rector y Vice. La Universidad se empobrece si anula su
mayor instancia democrática por temor a lo inesperado, que es propio al juego
democrático mismo.
El
régimen electoral de Rector, Vicerrector y demás autoridades, así como la
discusión de un régimen de carrera docente (y otros temas tales como la
condición de los docentes interinos que, despojados de todo derecho político
de elegir y ser elegidos, están en situación de parias o ciudadanos de
segunda; o bien diversos proyectos de creación de Facultades que hace años
esperan su tratamiento, etcétera) aspiran a una controversia democrática que
no sea equivalente a un cálculo de intereses que sólo concede una Asamblea
cuando meramente convalida lo que ha sido ya decidido en el Claustrorum o las secretarías del Área Central.
Por Diego Tatián,
consiliario titular FFyH
y
Diego Letzen, consiliario suplente FFyH