A diez años de la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescencia, Argentina ha avanzado de manera significativa. En esta entrevista, la especialista María Lidia Piotti -fundadora de la Red Buhito-, valora cada una de las nuevas conquistas obtenidas y no deja de poner el acento en las asignaturas que faltan. Ubica además al Estado como un garante indispensable para motorizar el cumplimiento efectivo de cada derecho.
Con voz suave y serena, María Lidia Piotti no deja de regalar una sonrisa amplia cada vez que es convocada a trabajar por mayores niveles de inclusión y a favor de los derechos de la adolescencia y la infancia. Dada su larga experiencia, este martes 27 de octubre, a las 18 horas, en el Auditorio «Hugo Chávez» del Pabellón Venezuela será de una de voces claves, dentro de la mesa-debate: «Derechos de niñas, niños y adolescentes. A diez años de la ley 26.061», junto a Marisa Muchilut, María Inés Peralta, Julieta Reartes bajo la coordinación de Silvia Avila.
En este diálogo con Alfilo, se anima a un balance minucioso donde resalta cada uno de los avances más positivos, relacionados a los derechos de la infancia y la adolescencia en Argentina, así como aquellos aspectos que aún siguen teniendo ribetes críticos.
“Creo que los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país están viviendo tiempos mejores” afirma con seguridad a la hora de evaluar estos últimos diez años. “En esta larga década – dice–, son titulares de nuevos derechos y a través de las leyes y las políticas sociales nacionales, obtuvieron muchos beneficios que los privilegian.
Por otra parte, al declararlos titulares de derechos, todas las prácticas sociales y las intervenciones de los profesionales con niños, niñas y adolescentes, ya no son desde la compasión o la caridad, o la protección que mucho daño han ocasionado. Sino desde el cumplimiento de sus derechos. La existencia de la Ley 26.061, entre otros muchos aspectos, vino a eliminar el sistema del patronato en nuestro país, porque a pesar de ser obsoleto, fue un sistema que duró casi cien años. En este sistema, el niño/a era menor e incapaz y tutelado por los adultos que decidían por ellos. Con la promulgación de esta nueva ley, se dejó de dividir la infancia en menores y niños según su clase social. Los problemas de la infancia dejaron de ser objeto de los jueces de menores para ser tratados por las políticas sociales y los profesionales capacitados.
Se desprivatizó la infancia oculta en la familia, la escuela y lo que es peor su institucionalización. Ahora, con esta ley, debemos considerarlos como hijos de todos y todas. Es decir, la sociedad es responsable del cumplimiento de sus derechos, de su buen vivir y de su felicidad. Ahora el Estado dejó de ser el patrón para ser el promotor y garante de sus derechos. Esta ley no es perfecta y cuesta que los poderes ejecutivos, provinciales y locales, construyan todo el sistema de protección de derechos, pero deja abiertos nuevos caminos para ampliarlos y profundizarlos porque todavía falta mucho por legalizar y hacer”.
Nuevas conquistas
Para María Lidia Piotti, entre todas las acciones realizadas y aquellas que están proceso de ejecución, resulta importante destacar:
Sobre el derecho a la vida y a la identidad: la Asignación Universal por Hijo y la ley que regula las asignaciones familiares de los trabajadores en blanco. En el nuevo Código Civil, la filiación y el pasaje de la patria potestad, que significa regular el poder sobre el niño a las responsabilidades parentales y el deber de construir su autonomía. También se avanzó sobre la nueva ley de adopción con la creación del registro nacional de personas menores extraviadas y la restitución de los niños secuestrados y apropiados durante el terrorismo de Estado. Este último punto, propuesto por Argentina, está contemplado también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (art. 7. 8 y 9).
Sobre el derecho a la salud: se crea desde su nacimiento la ley de Parto Respetado, la entrega de un ajuar completo; la creación de los Centros de Desarrollo Infantil hasta los cuatro años. Las 19 vacunas y planes de atención médica integral y gratuita. Las leyes de atención a su salud mental y de prevención del abuso de los niños, niñas y adolescentes; el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional hasta 14 años y a embarazadas. Los beneficios para garantizar la escolarización de adolescentes embarazadas o en estado de lactancia. La ley de protección contra la violencia familiar y todas las leyes que resguardan los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas niños, niñas y adolescentes.
Derecho a la educación como la obligación del Estado de garantizar gratuidad y calidad en la educación pre escolar desde los 4 años, primaria y secundaria, y acceso y permanencia en la universidad. El otorgamiento de computadoras como herramientas de aprendizaje mediante el plan Conectar Igualdad. Las bibliotecas escolares llenas de libros, la televisión para ellos con programas formativos de calidad que los convocan al conocimiento y los seducen. La reapertura de escuelas técnicas con el equipamiento necesario para el aprendizaje adaptado a los avances tecnológicos. La creación de los Centros de Actividades Infantiles y Juveniles en las escuelas primarias y secundarías de las zonas más vulnerables, donde los sábados realizan jornadas recreativas, deportivas y de educación por el arte.
Derechos sexuales: la Ley 25.673 que crea el Programa de Educación Sexual y Procreación Responsable.
Derechos políticos: En materia de participación política en la vida democrática, se otorga a los adolescentes la posibilidad de elegir sus representantes a los 16 años y la promoción de la creación de los Centros de Estudiantes y de su Federación.
Probablemente olvido muchas nuevas oportunidades, pero es importante señalar que desde el Estado Nacional se siguen pensando y creando en nuevas posibilidades y derechos para niños, niñas y adolescentes.
“El Código de Faltas vulnera los derechos de los jóvenes más pobres”
Como una de las fundadoras e integrantes de la Red Buhito, María Lidia Piotti explica que allí se sostiene que “el Código de Faltas en Córdoba es sólo una herramienta más dentro de este lado oscuro de la democracia que es la política de seguridad del gobierno provincial y que afecta especialmente a los adolescentes y jóvenes con portación de rostro, de gorra o cuya color de piel, o vestimenta los hace pasibles de ser detenidos, torturados e incluso ultimados por la policía del gatillo fácil, como los jóvenes asesinados por ellos en estos últimos años. El problema central es la política de seguridad de la tolerancia cero importada desde Estados Unidos e Israel, donde fueron a formarse funcionarios provinciales. Política que llevó al gobernador a decir, contrariando la Constitución, que ‘los delincuentes salen de la cárcel con los pies para adelante’ y a sus asesores del Institute Manhatan en los tiempos del falso ingeniero Blumberg a plantear que ‘las prostitutas y los niños de la calle eran terroristas urbanos’.
El Código de Faltas es una herramienta para legalizar la violación de los derechos humanos de los jóvenes más pobres y vulnerables. Las figuras de merodeo o de participación en reuniones tumultuosas, entre otras, son ambiguas y permiten detener a cualquiera. La arbitrariedad se agrava porque faculta al comisario a dictar la sentencia en lugar del juez, sin la posibilidad de defensa en juicio, entre otras. Es inconstitucional porque vulnera el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y el derecho a una defensa.
No basta con derogar este Código si permanece de una política de seguridad que combate el delito, no desde la investigación inteligente, sino sólo aumentando el aparato represivo y se acompaña de otras medidas de visibilidad espectacular, como los corralitos donde se encierra a los contraventores y el número abultado de detenciones diarias sin ningún motivo, por el que hoy está siendo juzgado el comisario Márquez, o la erradicación compulsiva de las villas, trasladadas a barrios-ciudades alejados en la periferia, sin medios de trabajo y amontonados en predios pequeños, donde se controla la salidas de los jóvenes. Se incluye la política de vivienda conducida por el coronel Devoto, hoy preso, acusado de delitos de lesa humanidad, los más graves de todos. Esta política de seguridad es, además, ejecutada por una policía cuyas principales autoridades están complicadas en el tráfico de drogas como (Rafael) Sosa o en el acuartelamiento, donde luego se produjeron los saqueos del 3 y 4 de diciembre de 2013.
-¿Cuáles son las principales problemáticas de la niñez y la adolescencia que demanden acciones más concretas por parte del Estado en Córdoba?
– El Estado Provincial, si bien gestó la Ley 9944 que adhiere a la ley nacional 26061, no ha realizado todavía el esfuerzo necesario para hacerla conocer y constituir el Sistema de Protección de Derechos. No se le ha dado la importancia que tiene la constitución de una institución democrática como los Consejos de Infancia en todos los municipios para garantizar y ampliar los derechos de los niños. De hecho, sobran los dedos de la mano para contar los municipios y CPC donde se han creado. Los Consejos de Infancia son espacios de participación conjunta de las distintas reparticiones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la niñez y la adolescencia, para delinear la política local dirigida a este sector de edad.
Por otra parte, está el problema de la droga que es complejo y debemos afrontar. En este punto, es escaso por no decir nulo el trabajo del gobierno provincial.
A veces incluso con propuestas ya descartadas en otros países del mundo para tratar el narcotráfico como la guerra contra el mismo que proponen el gobernador De la Sota junto al candidato a presidente Massa en su campaña electoral. Para evitar el consumo hay que trabajar en los centros de vida de niños, niñas y adolescentes, de manera preventiva brindando otras posibilidades productivas de inserción social para decidir su proyecto de vida. En los casos donde se llega al consumo problemático, deben existir instituciones especializadas para abordarlo que integren la atención al adicto y a su familia, además de su inserción comunitaria.
En lo que respecta a la educación, convengamos que la deserción escolar es un fracaso de la escuela y no del niño/as. Hay medidas positivas para afrontarla, como el boleto educativo y los programas “Confiamos en vos”, pero además es necesario construir escuelas en movimiento, insertadas en la vida real del educando en búsqueda de los niños y niñas, con capacidad de convocarlos y entusiasmarlo en los procesos educativos. Es necesario dejar de lado la escuela instalada, burocrática y cerrada en sí misma, a la que el estudiante debe sobreadaptarse en desmedro del desarrollo de su idiosincrasia, identidad y subjetividad. Aquí el Estado provincial debe aportar mayores recursos a la educación y a la difusión de los bienes culturales accesibles para todos y todas, y en todos los pueblos y barrios, no sólo en el centro de la ciudad. Además, debe formar a los docentes en el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que promueve la nueva ley.
Otra de las problemáticas sensibles es el trabajo infantil que debe ser sacado de la invisibilidad y abordado desde el respeto al niño trabajador. No se debe discriminar ni condenar a su familia en la pobreza, porque se busque la manera de sobrevivir y afrontar la vida con dignidad. Es importante no confundir trabajo con explotación infantil. Aparte, se debe combatir toda forma de explotación o nocividad en el mismo, garantizando en las escuelas el conocimiento de los derechos laborales y sindicales, formando en la educación por el trabajo, que es toda una pedagogía promotora de saberes prácticos.
– ¿Qué opina sobre la baja de la edad de imputabilidad penal para adolescentes, propuestas por algunos sectores políticos de la oposición?
– En la Red Buhito creemos que los adolescentes aún no han adquirido un desarrollo pleno de su conciencia del bien y del mal y a veces atraviesan situaciones muy difíciles en sus centros de vida, que los llevan al delito. En este sentido, pienso que si bien a esta edad ya son responsables de sus actos contra la ley penal, la sociedad y el Estado también lo son, por no haberle brindado a ese adolescente en el transcurso de sus vidas las condiciones, los conocimientos, los afectos y los estímulos necesarios para su comprensión de la realidad.
Por eso creo que, si bien tienen grados de responsabilidad no pueden recibir las condenas de los adultos, sino medidas socio-educativas, que en el caso de delitos contra la vida y no contra el patrimonio, pueden llevar a la privación de su libertad pero en lugares adecuados, con personal capacitado, por tiempo acotado, a la revisión permanente de su progreso y teniendo en cuenta que la privación de la libertad no significa la pérdida de todos sus otros derechos como: los contactos familiares, el acceso a la salud, a la educación, a la recreación y al buen trato. Por eso no hablamos de delincuencia juvenil, sino de adolescentes en conflicto con la ley penal.
El rol de la familia y la escuela
“Algo ya dije sobre las escuelas abiertas que acojan al niño y a su cultura, que acompañen su crecimiento de manera personalizada y a la vez ofrezcan experiencias colectivas para pensamentar (reflexionar juntos) y propongan proyectos de vida, que los entusiasmen por el conocimiento, que los movilicen en el ejercicio de la solidaridad, donde puedan aprender el valor de lo humano en todas sus dimensiones y como convivir y trabajar con los conflictos y las tensiones. Que no aplasten su imaginación y sus búsquedas, que respeten sus procesos y sus tiempos, que exijan su participación y desarrollen el pensamiento crítico. Que sepan escucharlos y hacer juntos lo que proponen, que les enseñen desde una pedagogía política para que se organicen, asuman su ciudadanía y registren al otro como conciudadano y semejante.
Las familias de los niños, niñas y adolescentes deben participar en las escuelas de todas las formas posibles. En todas las escuelas donde trabajamos cuando abrimos estos espacios a las familias hemos obtenido respuestas y propuestas muy valiosas. La escuela puede enseñarles con talleres y aprender de ellas, única forma de caminar juntos por los niños, niñas y adolescentes. Las familias no sólo tienen que participar en la cooperadora, tienen que ser co-educadoras con los docentes.
Las escuelas deben promover la creación de los Consejos de Infancia y participar con sus representantes, formar a los niños y adolescentes para que se organicen, que no reciten de memoria, sino que comprendan y asuman que significan los derechos humanos y participen en los Consejos de Infancia debatiendo, consensuando o disputando con los adultos las políticas y propuestas para hacerlas realidad. Es una tarea enorme la que aún nos queda por hacer para que la Ley sea cumplida”.
Texto y fotos: Irina Morán
 María Lidia Piotti: es Trabajadora Social y Magíster en Investigación Educativa Socio Antropológica. Ex docente primaria en Bolivia y Argentina, ex docente secundaria. Trabajadora Social con niños y adolescentes en lo que fue Consejo del Menor de la Provincia y ex docente, investigadora y extensionista de la Licenciatura en Trabajo Social en la UNC. Actualmente, es docente e investigadora de posgrado en la Especialización en Intervención con Niños y Adolescentes y en las pasantías de la Maestría en Trabajo Social. Integrante y co- fundadora de la Red Buhito. Miembro de la Asociación de Ex presos políticos por la Patria Grande que trabajan en las escuelas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. |
Mesa-Debate en FFyH: Derechos de niñas, niños y adolescentes. A diez años de la ley 26061Con entrada libre y gratuita, el martes 27 de octubre a partir de las 18 horas en el Auditorio «Hugo Chávez» del Pabellón República Bolivariana de Venezuela (Ciudad Universitaria) se llevará a cabo la la Mesa-debate: «Derechos de niñas, niños y adolescentes. A diez años de la ley 26061». Aquí participarán Marisa Muchilut, María Inés Peralta, Julieta Reartes y Maria Lidia Piotti, bajo la coordinación de Silvia Avila.
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La experiencia y el recorrido de la Red BuhitoLa Red por la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes nació en septiembre de 1995, cuando desde el Seminario de Trabajo Social con niños y adolescentes y otras organizaciones que en esa fecha trabajaban en pro de la infancia, y nos convocarnos para ir a Buenos Aires, invitados por UNICEF a una marcha en Plaza de Mayo con motivo del Aniversario de la Convención. El 10 de diciembre de ese año realizamos el primer encuentro de grupos de niños/as en el club de Barrio Colón. Evento que se siguió haciendo en años posteriores en el colegio León XIII y desde 1999 en la calle, generalmente en la plaza San Martín o en marchas a la Legislatura. A esos encuentros los llamamos Buhito y de allí quedó el nombre con que hoy se denomina la Red. Empezamos trabajando para que se aplique en el país la Convención de los Derechos del Niño que está en nuestra Constitución desde 1994. Para ello formamos educadores, niños/as y adolescentes con el objetivo de que estos derechos no quedaran congelados en el papel y pudiéramos juntar fuerza a fin de luchar con los niños, niñas y adolescentes y dar visibilidad a la infancia vulnerada. En este camino nos encontramos con movimientos internacionales de Perú, Paraguay, Nicaragua, Bolivia y algunos países europeos. Del movimiento de niños y adolescentes trabajadores de Latinoamérica aprendimos un nuevo paradigma del rol social de la infancia, a través de su protagonismo organizado. Para lograrlo lo difundimos en talleres en los barrios y villas. Paralelamente, hicimos muestras públicas, campamentos, encuentros con otras organizaciones y movimientos, como el Movimiento Campesino y formamos parte, como co-fundadores de la Mesa Provincial de DD.HH. En el año 2004, la Red Buhito, junto a los jóvenes de algunos barrios de la Ciudad y del Gran Córdoba, se trabajó sobre la necesidad de analizar los apremios ilegales que sufren los adolescentes. Sobre todo las persecuciones policiales por parte de los CAP (Comandos de Acción Preventiva), en el marco de “las leyes Blumberg”, las aplicaciones de Código de Faltas y las políticas de Tolerancia Cero implementadas por el gobierno de la provincia de Córdoba. En ese marco, la Red Buhito fue estableciendo un trabajo articulado con la Mesa de Trabajo por los DD.HH., como red de organizaciones sectoriales y territoriales desde un enfoque de derechos. En ese momento, surge entonces desde Red Buhito y con el acompañamiento de organizaciones de DD.HH., la primera marcha en el país que llevó como consigna: Tolerancia Cero=Justicia Cero. El acompañamiento de las organizaciones tuvo como eje el lineamiento político de Red Buhito y su propuesta movimientista como modo de acontecimiento político en la realidad de los sectores populares invisibilizados y silenciados, que sólo son reconocidos con acciones de movilización pública. Aunque ya se encontraba vigente la CDN, la legislación nacional todavía no había sido adecuada a esta normativa internacional. Esta manifestación y los encuentros en las plazas funcionaron como elemento de incidencia política para la participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes en la defensa de sus derechos y actuando como impulso, desde los adolescentes y sus organizaciones, para la modificación de la ley tutelar. La Red Buhito desarrolló talleres de capacitación para ellos y sus educadores, tendientes a que estos sectores ocuparan el espacio público, sentando precedente e instalando un debate sobre el significado de Protagonismo Infantil Organizado, paradigma hoy en debate, en la conformación del Sistema de Protección de Derechos. Estos trabajos en escuelas, centros de estudiantes y territorios urbano periféricos dieron lugar a una nueva organización autónoma: el Colectivo de Jóvenes por los Derechos, y la Marcha de la Gorra, ya en su octava edición, encontrándose en la actualidad en agenda política, en el debate del nuevo Código de Convivencias y la vigencia del Código de Faltas. Apostamos así, a la participación de los niños, niñas y adolescentes con conciencia de ciudadanía integral y su incidencia política en el espacio público. Hoy la Red Buhito trabaja asesorando procesos organizativos, como en la toma de Juárez Celman y el trabajo comunitario de la organización La Martina en barrio IPV de Río Cuarto y fundamentalmente en un tema, donde hay mucho desconocimiento o resistencia de las autoridades locales. Por eso, promovemos en los municipios y comunas de la provincia de Córdoba la organización de los Consejos de Infancia, que, según la nueva Ley 26.061, forman parte del Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, a fin de crear en cada pueblo, ciudad, comuna y CPC una red de organizaciones para la infancia que, junto al Estado, elabore de forma democrática la política social para niños, niñas y adolescentes y aplique lo que esta ley y otras nuevas referidas a la niñez. Buscamos también que los niños, niñas y adolescentes sean los verdaderos protagonistas y organizados participen de estos consejos con autonomía y decisión propia. Otro de los logros que se valora como muy positivos es que muchos niños de sectores populares que pasaron por la Red Buhito, hoy están pasando por la universidad. “En estos 20 años de existencia –dice María Lidia Piotti- hemos tenido aciertos y alegrías, también errores, altibajos y fracasos pero siempre hemos tratado de producir comunidades de vida entre adultos y niños ara sentirnos compañeros, convencidos y entusiasmados en esta lucha”. |
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